STPS da marcha atrás a proyecto que reduce plazos para la inspección de las empresas

La Secretaría del Trabajo solicitó la baja del proyecto que reduce los plazos para la inspección de las empresas, con el argumento de que se encuentra en un proceso de análisis.


La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente retiró el proyecto para modificar el Reglamento General de Inspección que pretendía reducir de 90 a cinco días el tiempo que tienen los patrones para corregir irregularidades y deficiencias detectadas durante una visita de verificación por parte de las autoridades.


Esta propuesta se encontraba en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conocer) desde junio, pero hace unos días la dependencia solicitó la baja del proyecto argumentando que se encuentra en un proceso de análisis del instrumento normativo.

Reducir plazos de inspección pondrá en riesgo a las pymes

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) había advertido que reducir el tiempo de corrección de irregularidades pondría a las pequeñas y medianas empresas en una situación de desventaja frente a los grandes empleadores, pues las pymes no poder absorber los costos para cumplir con la regulación.


La falta de recursos técnicos y humanos de las pymes, les impediría dar respuesta en un tiempo tan corto, lo que generaría gastos por multas o hasta clausuras del negocio, dijo Juan José Cabrera, integrante de Coparmex a El Economista.

El proyecto no contempla una regulación basada en riesgos

Actualmente el reglamento de inspección establece un plazo de entre 30 y 90 días para que las empresas realicen las modificaciones necesarias como resultado de las irregularidades identificadas.

Cabe señalar que, este periodo puede ser prorrogable por el mismo tiempo otorgado, y por una sola vez, siempre y cuando no exista riesgo para la vida o seguridad de los trabajadores.


En cambio, la STPS proponía reducir a cinco días el tiempo de respuesta de las empresas y únicamente se podía solicitar una prórroga cuando se tratara de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, y la empresa justificará que la irregularidad se derivó por causas ajenas.


La dependencia reconoció que la reducción de los plazos tendría un impacto económico para las empresas debido a la premura de hacer las correcciones. Sin embargo, destacó que se han presentado accidentes que ponen en peligro la vida de los trabajadores por esperar la modificación de las irregularidades en los 90 días.

Por lo tanto, la Coparmex consideró que el proyecto no contemplaba una regulación basada en riesgos, con la se otorgue menos tiempo para atender las irregularidades menores y un mayor plazo para las que pueden tener consecuencias más graves.

La STPS planteaba agregar los operativos especiales como un nuevo criterio para asignar a los inspectores de manera directa. No obstante, esta propuesta fue calificada por el sector privado como una medida que generaba incertidumbre jurídica.

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